Al menos 60 migrantes se declaran culpables por traspasar zonas militares en EE.UU.

Washington, 20 may (EFE).- Al menos 60 migrantes se han declarado culpables por traspasar a zonas militares recién establecidas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar el control en la frontera con México, según informó este martes el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en inglés).

En un comunicado la Fiscalía estadounidense explicó que hasta el 19 de mayo, 60 migrantes acusados ​​se declararon culpables y fueron condenados por traspasar la recién designada área militar en el condado de El Paso (Texas).

En ese sentido, la fiscal interina para el Distrito Oeste de Texas, Margaret Leachman, dijo en un comunicado que las condenas obtenidas tras la declaración de culpabilidad representan “un paso positivo” en el proceso judicial para disuadir la inmigración ilegal.

Los esfuerzos hacen parte de la campaña del Gobierno Trump para militarizar la frontera suroeste del país. El mandatario estadounidense instruyó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que ampliara las zonas de control militar de los fuertes cercanos a la frontera.

En las últimas semanas, el Pentágono ha tomado el control de dos franjas en la frontera con México: un tramo de 274 kilómetros, conocido como la Reserva Roosevelt (Nuevo México) y otro de 101 kilómetros a lo largo del Río Grande, en los condados de El Paso y Hudspeth (Texas).

La designación permite a los soldados estadounidenses detener a inmigrantes, una tarea prohibida para el Ejército de EE.UU. dentro del país en áreas que no son de dominio militar.

Además, abre el camino para que la Fiscalía estadounidense impute cargos de traspaso de una zona militar a los inmigrantes, lo que conlleva penas más grandes que la ofensa civil que enfrentan por entrar de forma indocumentada al país.

El número de inmigrantes culpables pudo ser más del doble, pero dos jueces federales desestimaron la semana pasada los cargos que enfrentaban más de 100 migrantes.

El juez federal Miguel Torres en Texas y su homólogo Gregory B. Wormuth en Nuevo México desestimaron las acusaciones bajo el argumento de que el DOJ no pudo probar que los extranjeros habían sido advertidos con claridad de que estaban ingresando en un área militar.